Propuestas se traducirán en "cinco o seis proyectos de ley" que deberán estar en discusión a más tardar en junio del próximo año, según explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
El informe de la comisión presidencial de salud, entregado ayer al Presidente Piñera, plantea drásticos cambios al sistema de salud, como el término del sistema de isapres, como se le conoce hasta ahora, para introducirle competencia y quitarles tanto a éstas como al Fonasa el rol de sancionar las licencias médicas.
Los doce comisionados, liderados por el experto en salud pública Juan Pablo Illanes, proponen transformar a las aseguradoras privadas en "entidades de seguridad social en salud", que ahora deberán competir por las porciones de mercado, que se dividirán en dos.
El 7 por ciento de cotización obligatoria se dividirá en dos. Por un lado, el 6 por ciento será destinado a los gastos en salud propiamente tal, que servirá para financiar un "plan universal de salud", con cobertura AUGE, enfermedades comunes, programas preventivos y de males de alto costo.
Éste es el único punto donde hay posturas divergentes. Mientras la mayoría pretende que los dineros para financiar este plan único se administren en un fondo solidario, donde se cubra para todos los cotizantes y sus beneficiarios el valor del plan, un grupo de cinco miembros de la comisión plantea mantener un sistema similar al actual, con un mecanismo de cotización individual y con primas calculadas por riesgo.
El 1 por ciento restante será para costear el nuevo seguro de incapacidad laboral, que cubrirá a trabajadores que coticen tanto en isapres como en Fonasa.
Este pago de los trabajadores representará el 50% del valor del seguro, pues la otra mitad deberá ser financiada por el empleador, según expresa el informe de la comisión. Con ello se llega al 2 por ciento de financiamiento, que es similar al gasto que existe hoy en licencias médicas. Al respecto, el informe plantea que "es necesario modificar el actual modelo de gestión, buscando una solución que contribuya a la fe pública, que sea universal y que se oriente al logro de un mejor control, mejores plazos de tramitación (más breves) y pagos oportunos e igualdad de trato a los trabajadores cotizantes, independiente de su condición laboral y previsional.
La idea de separar este seguro del resto de la cotización de salud -incluida una nueva institucionalidad para el pago y la fiscalización a través de una corporación sin fines de lucro- es que "se aplique efectivamente para subsidios por incapacidad y no a otras necesidades sociales para las que no fue concebido", se dice en el informe.
Además "se propone reducir a dos días el deducible actual (de tres días)", con lo que se termina el incentivo a las licencias médicas de más de 11 días, las únicas que ahora se pagan íntegramente.
De acuerdo a lo explicado ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, todas estas propuestas "se traducirán en cinco o seis proyectos de ley que deberán estar ingresados al Congreso a más tardar en junio del próximo año". Sin embargo, aclaró que la discusión se abre ahora, para buscar los consensos políticos que permitan una reforma.
Aspectos centrales de la propuesta de expertos
Nuevo sistema de seguros de incapacidad laboral
Se postula reducir a dos días el actual deducible para licencias de menos de 11 días (actualmente son tres los días de no pago).
La mayoría de la comisión sugiere, aunque duda de su viabilidad política, que se reduzca la tasa de sustitución implícita en la licencia (actualmente es un 100 por ciento de la renta que se deja de percibir), diferenciando de acuerdo a renta y protegiendo algunos diagnósticos.
El financiamiento de la incapacidad se separa de la cotización de salud. A él concurren en partes iguales trabajadores y empleadores. (Los independientes pagarán el costo total del seguro.) Cotización correspondiente al trabajador se resta del siete por ciento actual (la comisión estima que podría representar el equivalente a un punto porcentual)
La recaudación estará en manos de AFPs y del Instituto de Previsión Social y será transferida a las instituciones encargadas de administrarla. Estas instituciones serán licitadas por la Superintendencia de Salud.
Se postula un sistema de evaluación de las licencias, independiente de los aseguradores, regulado por el Estado. Esta función estará en manos de una corporación creada por las instituciones que se adjudicaron por licitación la administración de los seguros. Esta corporación deberá, entre otros aspectos, recibir, tramitar y pagar las licencias médicas. Además, deberá contar con médicos que verifiquen, aprueben, modifiquen o rechacen las licencias. (Una minoría estima que pueden ser varias las instituciones encargadas de esta labor.)
Las resoluciones de esta institución podrán apelarse ante una Comisión Nacional de Apelaciones de Licencias Médicas, articulada por la Superintendencia de Salud.
Los estándares y protocolos referenciales para la calificación de una incapacidad laboral por enfermedad serán definidos por una Comisión Técnica Nacional de Normas de Calificación de Incapacidad Laboral, que se crea al alero de la Superintendencia de Salud.
Se postula la creación de una Comisión Médica Mixta, de carácter público, convocada por las superintendencias de Salud y de Seguridad Social para decidir en caso de conflicto si la enfermedad debe calificarse como de carácter laboral o común.
Nuevo Sistema de Financiamiento de la Salud (no consensual, pero de mayoría)
Se crea en primer lugar un plan universal de seguridad social en salud, igual para todos los chilenos, con una nómina común de prestaciones, incluyendo las GES (AUGE) y no GES, es decir aquellas que no tienen garantías explícitas. Incluye medicina preventiva y cobertura de enfermedades catastróficas.
Como prestadores de este plan, las personas pueden elegir la red de hospitales y consultorios públicos, siendo el plan -en ese caso- administrado por Fonasa o clínicas y centros de salud privados, en cuyo caso será administrado por Empresas de la Seguridad Social en Salud (ESSS).
El Plan Universal se ofrece en dos modalidades: sin copagos o con copagos. En el primer caso, el acceso es sólo para quienes demuestran ingresos por debajo de un mínimo y que se atienden en la red pública. En el segundo caso, la decisión es voluntaria, pero obligatoria para quienes tienen ingresos por encima de un cierto monto definido por la autoridad. Se puede acceder a una ESSS pública o privada.
Para financiar el plan, se define en primer lugar la prima per cápita sanitaria universal, que se estima aproximadamente en UF 1 mensual y que se calcula a partir de los aportes fiscales actuales y las cotizaciones que recibe el Estado, divididos por el número de beneficiarios (una vez que se restan de estos recursos aquellos destinados a financiar incapacidad laboral y bienes públicos). Simultáneamente se crea un fondo compensatorio de riesgo para el financiamiento del Plan Universal. A él se aportan las cotizaciones obligatorias del 6 por ciento (este es el actual 7 por ciento descontado el 1 por ciento para financiar el seguro de incapacidad laboral). Adicionalmente, el Estado aporta la prima per cápita sanitaria universal por los indigentes (los que no cotizan), y la diferencia entre esa prima por hogar y lo que aporta el hogar con su cotización de seis por ciento. Hay compensación por edad y género.
Un panel de expertos definirá si la prima puede financiar el Plan Universal y también la tabla de factores para determinar la prima ajustada por riesgo para definir las compensaciones al interior del fondo.
Se crea un Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, compuesto por entidades públicas y privadas. Estas deberán organizarse como Entidades de Seguridad Social en Salud (ESSS) para captar la cotización obligatoria de salud y los aportes públicos para financiar el Plan Universal. La ESSS pública sólo deberá dedicarse a gestionar el plan con copago. Fonasa administraría el plan sin copago.
Las isapres tendrán que transformarse en ESSS. Todas estas entidades deben entregar el Plan Universal.
Las personas podrán contratar seguros voluntarios adicionales con una ESSS o una compañía de seguros. Son un contrato separado del Plan Universal.
Fortalecimiento y modernización de la prestación de servicios en el sistema público de salud
Se propone una transformación del marco jurídico de la red asistencial, estableciendo que los gobiernos superiores recaigan en directorios o consejos de administración responsables de la gestión de largo plazo de estas instituciones. Tendrían a su cargo, entre otros aspectos, nombrar a los directivos superiores (director del hospital) y sus relaciones laborales se regirían por el Código del Trabajo.
Se propone, también, avanzar en la concesión de la gestión para los distintos niveles de complejidad de la red asistencial y no sólo destinar el modelo para infraestructura y servicios auxiliares.
Se propone, adicionalmente, dejar la definición de las políticas de formación de especialistas al Ministerio de Salud, en lugar de dejar esto en manos de los servicios y hospitales que ejercen una labor de control del mercado laboral, que a juicio de la comisión, no corresponde. Así se podría asegurar una oferta apropiada para el país y suplir las zonas con más carencias.
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